Nuestra abogada, Alejandra Donoso, participó del webinar «Acuerdo de Escazú y pandemia: ¿Qué tienen que ver?» y te contamos por qué este acuerdo es indispensable para avanzar hacia una mejor justicia ambiental.

Por Camille Huriaux Quesada

El pasado 29 de abril, se realizó el webinar «Acuerdo de Escazú y pandemia: ¿Qué tienen que ver?» por la plataforma Zoom, durante el cual expusieron tres mujeres: Camila Arroyo, investigadora de Espacio Público, Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental. 

El objetivo de este encuentro virtual fue analizar la situación chilena en lo que concierne la divulgación y el acceso a la información ambiental durante la pandemia del covid-19. La Defensoría Ambiental puso énfasis en la vulnerabilidad de las comunidades que habitan las Zonas de Sacrificio, debido a los altos índices de contaminación, provocados en particular por las centrales termoeléctricas a carbón.

En Chile, las herramientas de gestión de la información son insuficientes: «el diseño normativo que tenemos da para la omisión de la información», tal como lo expresó Alejandra Donoso. Esto es particularmente grave en un contexto donde es la salud y la vida de las comunidades que están en juego. «Es importante contar con información fidedigna que nos permita tomar decisiones» y el Acuerdo de Escazú es un mecanismo al cual podríamos recurrir forzar el cumplimiento de la normativa, si el Estado chileno decide ratificarlo.

El Acuerdo de Escazú es un acuerdo entre países de América Latina y el Caribe sobre el acceso, la generación y divulgación de la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Artículo 6, en su punto 5, hace una referencia implícita a la pandemia que nos afecta:

«Cada Parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, que la autoridad competente que corresponda divulgará de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños. Cada Parte deberá desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando los mecanismos disponibles.»

Considerando que el transporte del virus es más expedito en lugares más contaminados, las personas que han tenido que respirar aire contaminado durante años – y que tienen sus sistemas  inmune y respiratorio debilitados-, deberían ser consideradas población de riesgo en contexto de covid-19. En efecto, varios estudios ya han demostrado los riesgos de salud que implica vivir en zonas altamente contaminadas.

Sin embargo, Alejandra Donoso subraya que la poca información que existe «se entrega de una manera que hace difícil entender los riesgos a los cuales está expuesta la población.» En lo que concierne las intoxicaciones masivas que ocurrieron en Quintero y Puchuncaví, recordó que «la sentencia que se dictó hace casi un año por la Corte Suprema establece que hay una omisión por parte del Estado». En ese sentido, urge que en Chile se aplique el punto 6 del Artículo 6:

«Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada Parte procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados.»

«No podemos tomar adecuadas decisiones si las tomamos a ciegas», declaró Valentina Durán, haciendo eco a lo anterior. Para ella, se trata tanto de mejorar la calidad de la información misma como de la calidad de su acceso. Recalca que el Acuerdo de Escazú «no es una herramienta para impedir determinado proyecto pero sí daría una cierta garantía que de Chile se compromete a no retroceder en el respeto del medio ambiente, al mismo tiempo que mejore el acceso a la información y la participación ciudadana». Hasta el día de hoy, no podemos negar que la información ambiental sigue siendo restringida a personas que ya tienen conocimiento técnico y acceso a internet.

En la Defensoría Ambiental tenemos el compromiso de llevar esta información socio-ambiental a un lenguaje más entendible, para tratar de entender cuál es el impacto de la contaminación en la vida de las comunidades expuestas, cómo les afecta a nivel personal y social y cómo reducir este impacto en contexto de pandemia. Sin embargo, aún hace falta una normativa que garantice una información ambiental de calidad, la cual podría salvar vidas durante esta crisis sanitaria.

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