A 4 años de la muerte de la activista Macarena Valdés, en Chile seguimos sin normas que protegen los derechos de las y los defensores ambientales. 

Por Camille Huriaux Quesada

Imagen: @soyladono

Mientras este 13 de agosto el Senado argentino aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, destinado a garantizar el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, son once países que aún no firmaron dicho acuerdo regional.

Chile es uno de ellos: a pesar de haber liderado la gestión del acuerdo ambiental durante el primer mandato de Sebastián Piñera, tal como lo documentó Radio la Clave, el gobierno no lo ha querido firmar una vez redactado, el 4 de marzo de 2018. ¿La razón? “No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”, explicó en ese entonces Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente.

Ser defensores ambientales en América Latina

Sin embargo, el Acuerdo de Escazú es el único en el mundo que contiene disposiciones para proteger a las personas que luchan para defender su derecho a la tierra y a un medio ambiente sano, en un contexto de creciente violencia hacia ellas. Esto se observa a nivel mundial y particularmente en América Latina, tal como lo destaca la ONG Global Witness en su informe “Defender el Mañana” (julio de 2020).

Desde que la ONG empezó a recolectar datos, ha sido la región más afectada por la violencia hacia defensores del medio ambiente. De los 212 asesinatos contabilizados en el mundo en 2019, 148 sucedieron en América Latina. Por otra parte, la mayoría de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería.

Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness señaló al respecto: “La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”.

El Artículo 9 del Acuerdo de Escazú

En razón de lo anterior, el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú se enfoca en los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, instando el Estado a garantizarles un entorno seguro y propicio donde puedan ejercer sus actividades, además de reconocer, proteger y promover todos sus derechos.

El Artículo 9 también hace énfasis en la prevención, la investigación y la sanción de los ataques, amenazas o intimidaciones que las y los defensores puedan sufrir en el ejercicio de los derechos. Medidas indispensables que ha de tomar el Estado, tomando en cuenta las contribuciones de las y los activistas ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible.

Mujeres defensoras de la Tierra y del medio ambiente

Por otra parte, las cifras del 2019 exponen que más de una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. Pueden enfrentar amenazas específicas de género, tal como campañas de desprestigio centradas en su vida privada, con contenido sexista o sexual. En efecto, la violencia sexual suele ser usada para silenciar a las defensoras, al igual que la amenaza a miembros de su familia.

El feminicidio empresarial de Macarena Valdés

En este mes de agosto, conmemoramos los cuatro años del asesinato de Macarena Valdés Muñoz, activista por la defensa del territorio. Esta madre de tres hijos se oponía activamente al proyecto de central hidroeléctrica de la empresa austro-chilena RP Global y estaba ayudando a la comunidad mapuche de Tranguil a enfrentar la amenaza empresarial, cuando fue asesinada el 22 de agosto de 2016.

Este caso es tristemente emblemático por las falencias y las irregularidades de la investigación y la poca transparencia institucional del Estado chileno. Si bien todo indica que la empresa está ligada al asesinato de Macarena Valdés, hoy en día sigue vulnerando los derechos de las comunidades mapuche que habitan este territorio, contraviniendo el Convenio 169 de la OIT al cual el Estado chileno está suscrito.

Terminar con la corrupción y la explotación de la Tierra

Podemos observar, tal como lo afirma el informe de Global Witness, que “muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial”. Por lo tanto, es necesario brindar un espacio seguro a las personas que luchan para cambiar esta situación, escuchar sus demandas y amplificarlas.

Sigamos presionando a quienes poseen poder, sean políticos o empresarios, para proteger a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Es urgente crear normativas que garanticen que los proyectos ambientales se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Finalmente, avanzar hacia una mayor justicia ambiental significa regular la actividad devastadora de las empresas extractivistas y sus consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades humanas. Por lo mismo, es urgente que Chile firme el Acuerdo de Escazú, ahora que la crisis climática recibe más atención pública que nunca.

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