Este martes 19 de febrero la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó en su sentencia, con un voto de 2 a 1, todos los recursos de protección que fueron presentados en septiembre del año pasado durante la agudizada crisis sanitaria y ambiental en Quintero, Puchuncaví y Concón. Sin embargo, también acredita la existencia de daño, la vulneración de garantías fundamentales y la posibilidad de haber previsto el grave riesgo al que está expuesto la población.

Por Casey Butcher. Foto por Claudia Pool

Cuando la Corte de Apelaciones dio a conocer su sentencia, las comunidades organizadas de la denominada zona de sacrificio no lo podrían creer. “Vergonzoso el fallo de los ministros,” dice Katta Alonso, habitante de la bahía y presidenta de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, una organización socioambiental local que lleva más de una década luchando para descontaminar su territorio. “Lo que aducen es que el Estado tomó todas las medidas pertinentes, pero resulta que las emergencias son para tomar las medidas en el minuto y ellos están tomando medidas para 5, 10 años más—y sólo medidas de salud.”

Entre el 21 de agosto y mediados de octubre de 2018 más de 1.700 personas fueron envenenadas a tal punto que tenían que ser llevadas a hospitales—más de 1.200 de ellas niñas, niños y adolescentes—cuando una nube de gases tóxicos no identificados avasalló contínuamente a la población de las comunas sin que ninguna autoridad interviniera para identificar la fuente de emisión y frenarla. Los hospitales locales colapsaron por falta de camas, personal y especialistas, entonces muchas personas se vieron obligadas a ir a Viña del Mar y Valparaíso. Incontables más soportaban diversos efectos de la contaminación venenosa sin recurrir a una institución médica.

Hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron los responsables de esta catástrofe de salud pública que dañó a tantas personas. Ni la composición de los gases tóxicos ni su fuente o fuentes de emisión han salido a la luz del día. Y nada ha cambiado de verdad. Nadie puede decir a las y los habitantes de la bahía que una situación parecida o incluso peor no podría volver a pasar.

“En el fondo no vemos la intención de descontaminar la zona,” continúa Alonso. “Los aparatitos que han llevado y todo eso es insuficiente y el Estado absolutamente inoperante. Entonces que los jueces crean todo lo que dice el Estado, es porque no tienen ni idea, ni se han puesto a estudiar ni han tomado asesores para saber la situación real de la zona.

“En realidad menos mal que hay una ministra que se interiorizó el tema y aprendió un poco de qué se trata la vida, de qué se trata vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación,” manifiesta la dirigenta.

“El fallo tiene un voto de minoría, por lo tanto no es una derrota completa para las comunidades. Es, incluso, un buen voto de minoría,” observa Alejandra Donoso, abogada encargada de justicia ambiental de la Defensoría Ambiental y representante legal de varias agrupaciones de la bahía. “La sentencia de rechazo tampoco es completamente mala, pues sí reconoce vulneraciones de garantías fundamentales, e incluso daño”.

Sin embargo, “la Corte de Apelaciones se equivoca en desaprovechar la oportunidad única que tuvo para hacerse cargo de una situación de suyo injusta y no haber hecho algo al respecto. Habían antecedentes suficientes para acoger las acciones de protección y establecer medidas que restablezcan el imperio del Derecho considerando—tal como hace la sentencia—que hasta la fecha no sabemos cuál es el origen de los envenenamientos masivos. Por lo tanto, la crisis no está completamente abordada y el riesgo persiste,” sostiene la defensora de derechos humanos.

“De esto nos da cuenta, precisamente, el voto de minoría de la Ministra Donoso. Ella, haciéndose cargo de la judicatura a la cual pertenece, que es la Corte de Apelaciones—que no olvidemos tiene dentro de sus funciones la de garantía de derechos fundamentales—y considerando la indubitada existencia de un riesgo que vulnera garantías fundamentales de toda una población, opta por acoger las acciones presentadas.

“Por otra parte, la sentencia de la Corte de Apelaciones reconoce que esta situación era previsible, que hay un daño y que hay garantías fundamentales vulneradas en Quintero, Puchuncaví y Concón.” continúa la abogada Donoso. “Sin embargo, bajo la excusa de la complejidad del tema y sin analizar la suficiencia de las acciones del Estado -que no han logrado dilucidar el origen ni naturaleza de la contaminación, ni gestionar adecuadamente el riesgo-, la Corte decide no garantizar los derechos fundamentales que sí reconoce están siendo vulnerados.

“Por lo tanto, hay elementos que nos permiten acreditar lo que hemos dicho permanentemente: aquí hay un abandono por parte del Estado, porque el Estado no puede decir que no sabía el riesgo al cual nos estamos enfrentando y frente el cual permanecemos todavía. Aquí hay atribuciones que el Estado podría haber ejercido para hacerse cargo de la situación y no lo hizo—y eso sí lo dice la sentencia.”

Hernán Ramírez, ingeniero ambiental y habitante de la zona perteneciente a la agrupación ambiental Dunas de Ritoque, también de larga data, sostiene: “Una vergüenza que los tribunales demoraran, en una medida cautelar que buscaba proteger la vida, 6 meses en llegar a la conclusión que no debía acogernos. Es un buen reflejo del abandono con que el Estado de Chile trata a las zonas de sacrificio y que el Estado de Derecho en estas zonas sólo es un chiste… Quintero y Puchuncaví son un ejemplo de un Estado fallido.”

Katta Alonso insiste: “Lo encuentro vergonzoso, y por eso seguiremos yendo a las cortes internacionales. Por eso mismo hemos tenido la obligación de ir a diferentes lugares afuera y seguir denunciando nuestra caótica situación.

«Porque ¿qué querían? ¿Que se murieran niños para que hubiese daño? Cuando el daño está y es evidente.

«Hay un montón de niños que han tenido que salir de la zona porque no pueden seguir viviendo ahí por los graves problemas de salud que trajo este envenenamiento.»

«Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad, no lo entiendo. ¿Tendremos que morirnos todos?»

«Es evidente que el poder económico es mucho más importante que nosotros y la salud de nuestros niños, adolescentes y toda la población.”

Alejandra Donoso está mirando para adelante: “Lo que dice la sentencia, y porque rechaza, es que sí se tomaron medidas, que son las que enumeraron las autoridades recurridas. Pero, en esta acción de protección no es posible—según señala la sentencia—acreditar la suficiencia de esas medidas. Pero daño existe, vulneración de garantías fundamentales existe y la posibilidad de haber previsto esta situación también queda acreditada por la sentencia.

“Por lo tanto, hay elementos suficientes para mantener lo que nosotros estamos diciendo y por lo tanto vamos a impugnar la sentencia en las instancias que corresponden ante la Corte Suprema.”

“Tengo fe en la Suprema,” dice Ramírez. “En todo caso este problemático fallo reconoce que los servicios públicos no están a la altura de la circunstancia».