Hoy comenzaron los alegatos de los recursos de protección presentados a propósito de los envenenamientos masivos y la crisis ambiental y sanitaria en Quintero y Puchuncaví. Con más de 1.700 personas  envenenadas con gases tóxicos  durante un periodo de  aproximadamente dos meses (a partir del 21 de agosto de 2018), de los que más de 1.200, se trataba de niñas, niños y adolescentes, aún no hay claridad sobre cuáles son estos gases tóxicos ni desde dónde fueron emitidos.

por Equipo de Comunicaciones de la Defensoría Ambiental

Durante esa coyuntura, en septiembre del año pasado, la Defensoría Ambiental, FIMA, la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP y otras, presentaron recursos de protección coordinadamente. Además, varias personas naturales y un senador de la república presentaron los suyos. El petitorio es bastante sensato: la paralización del complejo industrial hasta saber cuáles son los gases que están envenenando la población, tener información sobre esos contaminantes, revisión de los proyectos nuevos y antiguos que están en el complejo y que son los fuentes de contaminación, la unificación de normas con las recomendadas por la Organización Mundial de Salud y seguimiento del estado de salud de las personas.

Hasta el día de hoy nadie se ha hecho cargo en serio de esta brutal vulneración de los derechos y la salud de las personas que habitan la bahía de Quintero y Puchuncaví. La crisis de agosto fue una explosión que muchas expertas y expertos venían anticipando, y que podría repetirse dada la tecnología obsoleta y la sobresaturación de las instalaciones industriales que componen el complejo, 19 en total. 

Las respuestas de las autoridades estatales y de los gremios industriales frente esta grave situación fueron y siguen siendo insuficientes. Habitantes de las demás Zonas de Sacrificio a lo largo del territorio nacional están expuestas a similares riesgos debido a la desregulación. Esta peligrosa realidad actual se puede contrastar con la comunicación que ha dado el gobierno donde, por ejemplo, el Ministro de Salud ha dado entrevistas en la prensa diciendo que no eran necesarios exámenes toxicológicos—hasta el día de hoy no se ha hecho ninguno—porque, según sostiene la autoridad sin ningún respaldo científico, los envenenamientos masivos no han tenido ninguna consecuencia. En este sentido se puede decir que la comunicación del gobierno ha sido insuficiente y violenta, bajando el perfil de una catástrofe ambiental donde 1.700 personas de 50.000 que habitan la bahía resultaron afectadas a tal punto que recurrieron al servicio de salud.

La audiencia se alargará por más de un día, por lo tanto el jueves 7 de febrero seguirán con los alegatos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.