A un año de la sentencia histórica de la Corte Suprema, la Defensoría Ambiental lanza una campaña por el derecho a respirar en paz en Quintero y Puchuncaví.

Santiago, 27 de mayo de 2020. Hace un año, la Corte Suprema dictaminó un histórico fallo especialmente para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, desde un enfoque de equidad y justicia ambiental. La sentencia nace de la presentación de 12 Recursos de Protección (de los cuales 9 fueron acogidos) en el marco de los episodios de contaminación e intoxicaciones masivas vividos en Quintero Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018. 

La Corte señala que las autoridades contaban con las atribuciones para evitar o al menos gestionar la emergencia sanitaria y ambiental. Cabe recordar que entre los años 2009-2019, se han registrado 712 varamientos de carbón en caleta Ventanas. Además, estas no cumplieron con sus obligaciones en materia de producir, sistematizar y difundir información ambiental respecto de las sustancias contaminantes presentes en el aire. Desde entonces, ¿las autoridades han ejercido sus atribuciones para resguardar la salud y vida de la población? 

Resulta que a un año de la sentencia y 21 meses de las intoxicaciones masivas, aún se desconoce  la naturaleza y fuente de los contaminantes que afectaron a alrededor de 1400 personas (de las cuales 978 mujeres), y que siguen produciendo sin límites las empresas presentes en la “Zona de Sacrificio”. Tampoco se han instalado dispositivos que permitan medir estos compuestos.

Por otra parte, en contexto de la actual pandemia por covid-19, y aunque varios estudios científicos han demostrado el vínculo entre contaminación atmosférica y mortalidad por covid-19, las empresas del cordón industrial siguen en funcionamiento y poniendo en riesgo la salud y vida de la población de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. 

Las organizaciones socioambientales han denunciado que, sin reconocimiento y prevención del riesgo, sin información ambiental transparente ni escrita reglamentación en la materia, la salud y vida está evidentemente amenazada. En un contexto de pandemia que está colapsando el sistema de salud nacional, tal amenaza recae no solo en las zonas altamente contaminadas sino en todo el territorio chileno.

En razón de lo anterior, por lo tanto, parece necesario revisar las medidas que se han tomado para resguardar la salud de la población y reducir las inequidades socioambientales que la afectan. En abril de 2019 comenzó a regir el nuevo Plan de Prevención y Descontaminación, para las comunas de  Quintero, Puchuncaví y Concón, el cual contempla una “Gestión de Episodios Críticos” destinada a que no se generen altas concentraciones de SO2 (GEC)

Sin embargo, más allá de informar las malas condiciones de ventilación en la zona, no se alude a medidas concretas de prevención y protección, tampoco entrega información sobre las empresas y sus planes operacionales. Una carencia de información que puede ser fatal, considerando la crisis sanitaria por covid-19 que Chile atraviesa, y la eventualidad de nuevos episodios de intoxicaciones masivas.

Frente al actual escenario mundial de covid-19, resulta indispensable contar con información detallada, válida, accesible y confiable sobre los índices de contaminación, a fin de diseñar e implementar medidas de mediano y largo plazo. Hoy más que nunca, anhelamos respirar un aire puro, que no contenga virus ni componentes químicos. Queremos que cuando pase la pandemia, la población de las Zonas de Sacrificio también tenga el derecho a respirar en paz.

#YoFirmoPorLaVida y por #ElDerechoARespirarEnPaz