30 julio 2020 – Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental, suscrita por diversas organizaciones ambientales, entre ellas, la Defensoría Ambiental.

El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.

Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.

Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.

En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.

Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos para facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.

Firman

1. Agrupación Aisén Reserva de Vida

2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco

4. Alerta Isla Riesco

5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza

6. Asociación gremial de hostales y afines Natales

7. Axe Tim Baue

8. Bestias del Sur Salvaje

9. Caminantes de la Niebla

10. Catemu en Movimiento

11. Centro Cultural Arrayán

12. Centro Ecológico Cultural de Longavi

13. Centro Ecosocial Latinoamericano

14. ChaoPescao

15. Chile Sustentable

16. Ciudadanos y Clima

17. Codeff

18. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén

19. Comité Ambiental Algarrobo

20. Comité Unión Diguillín

21. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD

22. Comunidades de Lo Barnechea-Colina

23. Consejo de Defensa de Los Queñes

24. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia

25. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

26. Corporación de Defensa del Río Mapocho

27. Corporación El Canelo

28. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

29. Corporación Vecinos Camino a Farellones

30. Cverde

31. Defendamos la Ciudad

32. Defensoría Ambiental

33. Ecosistemas

34. Ética en los Bosques

35. Fundación Derecho y Defensa Animal

36. Fundación Glaciares Chilenos

37. Fundación Mar y Ciencia

38. Fundación Plantae

39. Fundación Relaves

40. Fundación Tantí

41. Fundación Terram

42. Greenpeace Chile

43. Llay Llay Nativo

44. Malen Leubü

45. MODATIMA Colina

46. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble

47. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia

48. Ocoa Nativa

49. ONG Aula de Mar

50. ONG Cárcava

51. ONG CEUS Chile

52. ONG Defensa Ambiental

53. ONG ECOMAR

54. ONG FIMA

55. ONG Ríos To Rivers

56. ONG Vigilante Costero

57. ONG Vinculación Territorial

58. Papudo Nativo

59. Patagonia Limpia

60. Puchuncaví Nativo

61. Real Chile

62. Red por Los Ríos Libres

63. SCAC Magallanes

64. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara

65. Territorios Colectivos

66. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena