En el marco de la urgente descarbonización de la matriz energética en Chile, el gobierno ha incluido una propuesta de pago por “Estado de Reserva Estratégica” (ERE), destinada a subvencionar las centrales termoeléctricas a carbón que se comprometan en cerrar. 

Por Camille Huriaux Quesada

Hasta 2019, Chile mantuvo 28 termoeléctricas a carbón que durante los últimos años suministraron entre el 38% y 40% del consumo eléctrico nacional, según los datos comunicados por Chile Sustentable. Actualmente, tras el cierre de tres carboneras en 2019 (Tocopilla U12, U13 y Tarapacá), son 25 las centrales a carbón que siguen en funcionamiento, siendo propiedad de cuatro empresas: 15 de la norteamericana AES-Gener, 7 de la francesa ENGIE; 2 de la italiana ENEL y 1 de la chilena COLBÚN. Todas estas unidades podrían optar a un pago por el concepto de Estado de Reserva Estratégica.

¿Qué es el Estado de Reserva Estratégica?

Al modificar el borrador del “Reglamento de Transferencia de Potencia entre Empresas Generadoras”, el gobierno ofreció a las empresas la posibilidad de acogerse al estatus de Estado de Reserva Estratégica (ERE), tras el cierre de sus centrales a carbón. Esto en el marco del acuerdo de descarbonización de la matriz energética anunciado por el gobierno chileno en junio 2019 y que fija amplios plazos de cierre para las distintas termoeléctricas.

Ello implicaría que las empresas que se comprometieron en retirar y desconectar sus unidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes del 2040 podrían recibir un 60% del pago por potencia hasta por 5 años. De concretarse, sería no solamente un subsidio inaceptable a la generación a carbón, sino también un desincentivo a las inversiones en energías limpias y renovables, las cuales necesitamos para lograr una transición energética verde. 

¿Cuál es su finalidad? 

Si estas empresas podrían recibir subsidios durante mínimo 2 y máximo 5 años, es porque se comprometen a estar operativas al momento en que se les llama a despachar energía al sistema eléctrico, con un plazo de 2 meses para entrar en operación. De acuerdo al artículo 28, 

“Una Unidad Generadora en Estado de Reserva Estratégica no podrá ser convocada al despacho diario por el Coordinador, salvo que éste le dé un aviso previo de 60 días corridos, en cuyo caso deberá estar disponible para inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional en este plazo.”

Desde Chile Sustentable, denuncian que el ERE “no corresponde a un mecanismo de remuneración de respaldo del sistema eléctrico, sino una compensación para las unidades de generación a carbón que acuerdan voluntariamente retirarse de dicho sistema, en el contexto del Plan de Descarbonización”. De hecho, el mismo Ministerio de Energía reconoce “la incorporación del ERE en el reglamento, no tiene otro fin que impulsar el proceso de retiro o reconversión de centrales a carbón, con la meta de retiro total al año 2040, teniendo como objetivo la carbono neutralidad al 2050”.

¿Resuelve un problema de seguridad del sistema?

Entonces, ¿este pago realmente asegura la seguridad del sistema eléctrico? Parecería que no. En efecto, si las centrales están comprometidas en el plan de cierre, que a su vez ha sido autorizado por la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, podemos suponer que no existen problemas de seguridad de suministro. “Más bien debido al estado de superávit de la capacidad instalada actual del sistema eléctrico (25.000 MW), con respecto a la demanda total (11.000 MW equivalentes), dichas centrales parecen ser completamente prescindibles como respaldo del sistema eléctrico”, enfatiza Chile Sustentable.

Distorsiones del mercado

Existen otros factores que tomar en cuenta a la hora de analizar el Estado de Reserva Estratégica, como las distorsiones que se crearían en este caso. Al remunerar unidades que están llegando al fin de su vida económica, que son incluso obsoletas después de 24 años de operación, se perjudica a todas las centrales que sí aportan al Sistema Eléctrico Nacional. En efecto, se les rebajaría el pago por potencia que estas debieran recibir, con la finalidad de remunerar a las empresas contaminantes que han postulado al ERE y que ni siquiera estén funcionando. Una situación que Chile Sustentable califica de “discriminación económica con el conjunto de las unidades generadoras”, en particular en el caso de fuentes de energías limpias. De existir un pago por compensación al retirarse del SEN, éste no debería ser calculado en base a la potencia de la termoeléctrica a carbón.

Contradicción política e injusticia socio ambiental

Finalmente, el instrumento ERE, que subsidia a las centrales generadoras en base a carbón,  aparece siendo claramente contradictorio con el plan de descarbonización prometido por el gobierno chileno. Estas empresas contaminan gravemente el medio ambiente, además de afectar la salud y la vida cotidiana de las poblaciones donde están implantadas, por lo cual deben cerrar lo antes posible y sin recibir beneficios extras. Esperar 20 años más para alcanzar la carboneutralidad no es un verdadero compromiso político, ni con la transición energética sustentable, ni con la protección de las chilenas y los chilenos.

A ti, ¿te parece justo que la población chilena tenga que pagar durante varios años a empresas contaminantes que ya no estarán en funcionamiento?