La audiencia de conciliación entre la sociedad civil y las autoridades ambientales no llevó a ningún acuerdo que permita reparar el daño ambiental en la zona. Coincide justo con el primer año desde la sentencia de la Corte Suprema, que dio la razón a las comunidades de Quintero y Puchuncaví.

Por Camille Huriaux Quesada

Este miércoles 27 de mayo tuvo lugar en el Segundo Tribunal Ambiental la audiencia de conciliación en el marco de la demanda por daño ambiental en la bahía de Quintero Puchuncaví y Concón. La demanda había sido interpuesta en 2016 por los sindicatos de pescadores de Horcón y Ventanas y las Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, representados legalmente por la Defensoría Ambiental, en contra de las industrias de la zona y del Estado. 

El objetivo de esta audiencia, suspendida varias veces por el Estado, era buscar un convenio entre las autoridades ambientales y los demandantes, con la intervención del Tribunal Ambiental de Santiago, respecto de la grave alteración del medio ambiente por fuentes contaminantes. Por falta de voluntad estatal, la conciliación se dio por fracasada.

Daño ambiental

Durante la audiencia, el Estado se limitó a enunciar las políticas públicas que Chile tiene en la zona, las cuales históricamente no han servido a mejorar la compleja situación socio ambiental de Quintero y Puchuncaví y que tampoco cumplen con el objetivo de reparar el daño ambiental que se ha hecho por más de 50 años en la bahía. 

En efecto, desde años la contaminación producida por el Complejo Industrial de Ventanas en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví afecta gravemente el entorno donde viven los demandantes: las emanaciones de componentes industriales (como el carbón) contaminan el aire, el mar, el suelo, sin contar sus consecuencias en la salud y la vida de las familias que habitan dichos territorios.

Omisión del Estado

El Estado, frente a tal escenario, no ha tomado las medidas necesarias para prevenir los riesgos que conlleva concentrar en un mismo lugar tantas empresas contaminantes: centrales termoeléctricas con base a carbón y petróleo, fundición y refinería de cobre, terminal marítimo de almacenamiento de gas, terminal marítimo de productos químicos, desembarque de petróleo, entre otras actividades.

Al abstenerse de cualquier acción destinada a preservar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tal como está expresado en la Constitución chilena, el Estado se vuelve culpable de omisión. El Artículo 19° N° 8, en su inciso 1°, es explícito: “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. 

Finalmente, la demanda se propone lograr una reparación del daño ambiental ya que que las autoridades, en particular el Ministerio de Medio Ambiente, no usaron sus facultades para resguardar el territorio. Dado que la conciliación con el Estado no resultó, sigue la etapa de prueba, en la que cada parte presentará su prueba (informes, testimonios, etc.) al Tribunal.

Para más información, el texto integral de la demanda está a disposición en el siguiente link:

Demanda daño ambiental Sindicatos Horcón y Ventanas