La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por varias organizaciones (de las cuales hace parte la Defensoría Ambiental) y habitantes de Quintero y Puchuncaví, en contra de autoridades y de las empresas que conforman el cordón industrial. 

Por Camille Huriaux Quesada

Tras los episodios de contaminación e intoxicaciones masivas vividos en agosto del 2018, doce recursos de protección fueron interpuestos por varias organizaciones defensoras del medioambiente y particulares afectados por la crisis socioambiental que afecta Quintero y Puchuncaví. Diez de estos recursos fueron acogidos este martes 28 de mayo por la Corte Suprema, dando cuenta de las ilegalidades cometidas por parte de las autoridades y denunciadas por la Defensoría Ambiental.

Esta decisión viene revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso enunciado en febrero pasado, en el cual se rechazaron las acciones interpuestas en contra de las 12 empresas contaminantes y de las autoridades chilenas competentes. Según esta sentencia, al no poder identificar las fuentes contaminantes que originan las vulneraciones de garantías fundamentales, no se podía condenar a nadie.

No obstante, la Corte Suprema consideró que el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior tenían las atribuciones para evitar o al menos gestionar la emergencia sanitaria y ambiental. En consecuencia, dichas autoridades son en parte responsables de la vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad psíquica y física, y a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Además, la sentencia señala por otra parte que desde el año 2011 (cuando se produció la evacuación de la escuela la Greda), se había constituido una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esta comisión constató una alta presencia de contaminantes en el aire y estableció medidas específicas para que el Estado pudiera gestionar los elevados niveles de contaminación. Sin embargo, si bien se realizaron estudios, no sirvieron para implementar medidas que sirvan a corregir dicha situación.

Por lo tanto, la Corte Suprema ordenó que se tomaran 15 medidas de manera inmediata para que cese la vulneración de las garantías fundamentales de la población:

  1. Las autoridades sectoriales deberá efectuar a la brevedad los estudios para establecer un programa que permita determinar con certeza y precisión la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero.
  2. Evaluar la procedencia de instalar filtros o dispositivos que permitan identificar y medir esos compuestos o elementos directamente en la fuente. Luego, a la brevedad implementar las acciones que se concluyan en dicho informe.
  3. Respetar el plazo máximo de un año desde que la sentencia esté firme, para que dichas medidas sean implementadas y empiecen a operar.
  4. Las autoridades sectoriales deberán determinar, a la brevedad y con precisión, la identidad, las características, y los efectos en la salud de la población y para el medio ambiente, de todos y cada uno de los elementos o compuestos dañinos, generados por las distintas fuentes existentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
  5. Las autoridades administrativas competentes deberán fijar a la brevedad parámetros pertinentes relativos a la reducción de tales elementos. Las empresas reducirán sus emisiones según los parámetros establecidos.
  6. Ponderar la pertinencia y utilidad de reformar las normas de emisión, de calidad ambiental y demás, aplicables a los distintos elementos, gases o compuestos químicos. Incrementar los niveles de exigencia «si fuere necesario».
  7. La Autoridad de Salud deberá: elaborar un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de Quintero y Puchuncaví que permita determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua; implementar un sistema de seguimiento de los casos detectados; adoptar medidas de vigilancia epidemiológica en la zona de emergencia; elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos.
  8. La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) tendrá que laborar un Plan de Emergencia que permita enfrentar situaciones de contaminación como las ocurridas los días 21 y 23 agosto y 4 de septiembre de 2018.
  9. Cada vez que se constate la existencia de niveles de contaminación que afecten particularmente a niños, niñas y adolescentes, las magistraturas competentes dispondrán lo pertinente para trasladarles desde la zona afectada hacia lugares seguros.
  10. También será trasladado hacia lugares seguros el resto de la población vulnerable de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación y mientras perdure.
  11. Reevaluar la calificación de zona de latencia y de zona saturada de las comunas de que se trata y adoptar las medidas necesarias.
  12. Creer y mantener  un sitio web en el que se incorporarán todos los datos, antecedentes, pesquisas, resultados, informes, etc., que den cuenta de las distintas actuaciones llevadas a cabo, ojalá en un lenguaje simple y claro.
  13. Las autoridades recurridas deberán revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental y considerar los efectos sinérgicos que las distintas fuentes contaminantes puedan provocar en el medio ambiente, al momento de tomar acciones y medidas.
  14. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región deberá abordar la modificación del Plan Regulador de Valparaíso, en relación a la zona afectada y de manera prioritaria.
  15. Cualquier otra diligencia o actuación que resultare necesaria para cumplir con los objetivos ordenados en el fallo.