Expertas y expertos en derecho y ciencias se reunieron este viernes 28 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales para conversar acerca de la causalidad en problemáticas socio ambientales. 

Por Camille Huriaux Quesada

A las 10 horas del viernes 23 empezó el seminario «Prueba y daño ambiental», organizado por la Defensoría Ambiental y la Facultad de Derecho UDP. Al hablar de conflictos socioambientales en el ámbito del derecho ambiental, surge en algún momento el tema de la causalidad, es decir la relación que debe existir entre una acción u omisión y un resultado delictivo. Y en los casos presentados, este resultado es el daño ambiental.

Tal como lo recordó Iván Hunter, ministro del Tercer Tribunal Ambiental, el daño ambiental está definido como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. El abogado explicó en su presentación cómo el daño es central a la hora de determinar la causalidad y la culpabilidad (lo que nos permite reprochar la conducta dañina)  para finalmente tomar medidas reparatorias. Resaltó por otra parte que el Tribunal Ambiental se limita a confrontar y verificar los hechos presentados en los alegatos de las partes, al contrario de la administración que también realiza investigaciones.

Sebastián Rebolledo, quien trabaja en un estudio jurídico especializado en medio ambiente y energía (EELAW), se enfocó por su parte en el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre causalidad y daño ambiental. Para hacerse, presentó los aspectos generales del razonamiento probatorio: admisibilidad, exclusión y práctica de la prueba, valoración de los elementos de juicio y etapas de la Decisión Sancionatoria. También recordó que “el valor probatorio de la prueba se refiere a la fuerza que tiene una prueba relevante para confirmar un enunciado fáctico en disputa”.

En efecto, si las pruebas tienen poco valor, demostrar la causalidad puede ser un real desafío.  Tal como lo expuso la bióloga Fernanda Salinas, de la ONG FIMA, esto ocurre todavía más en caso de un evento histórico que no puede ser repetido, tal como la ola de intoxicaciones de agosto del 2018 en Quintero Puchuncaví. Esta situación nos lleva a razonar de manera más deductiva que inductiva, explicando el fenómeno de manera indirecta mediante evidencias.

Las pruebas entregadas deben ser contrastadas y revisadas a la luz de literatura científica, para descartar cualquier otras posibles explicaciones. Sin embargo, en el caso de las Zonas de Sacrificio, nos enfrentamos a la falta de conocimiento sobre la toxicidad de los compuestos, sus movimientos y su reacción al contacto del aire, del suelo y del agua. Tampoco se puede determinar con exactitud cuánto tiempo y a qué nivel fue expuesta al compuesto la población afectada. 

Sandra Cortés, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, busca respuestas a través de la epidemiología ambiental: esta ciencia estudia las atributos ambientales que nos puedan explicar un determinado patrón de distribución, no aleatorio, de las y los enfermos en la población. Las causas de la enfermedad no siempre se pueden observar directamente, sino que se observan asociaciones que pueden o no ser causales. Si lo son, habrá que manifestarlo ante las autoridades correspondientes en caso de conflictos socioambientales, para que las comunidades puedan ejercer sus derechos.

La científica terminó su presentación llamando a respetar tres conceptos jurídicos: el derecho a conocer, es decir la obligación de que las personas sean informadas de los riesgos que enfrentan en su vida diaria; el principio precautorio, que exige la adopción de medidas para evitar el daño ambiental; el principio de protección, o la actitud de dar resguardo o cobertura de las necesidades esenciales, para que la persona afectada pueda atender a otras necesidades u otros intereses. En otras palabras, informar, prevenir enfermedades y fomentar un medio ambiente saludable, considerando el rol protector del Estado.

El seminario se concluyó con los agradecimientos de Alejandra Donoso, abodaga de la Defensoría Ambiental, que reafirmó la importancia de alzar la voz para resguardar la justicia y las garantías fundamentales de cada uno/a. Esto aún más en un contexto de crisis climática, lo que requiere organización comunitaria para poder ser enfrentado. La actividad se cerró finalmente con un rico café libre de crueldad animal, organizado por Learn Comidas.