Nuestras abogadas estuvieron presentes este jueves 2 de mayo en la Corte Suprema para escuchar los alegatos de los recurridos. Las empresas calificaron los envenenamientos masivos de Quintero y Puchuncaví de «hechos puntuales» y negaron toda responsabilidad.
Por Camille Huriaux Quesada
Defensoras y defensores de DDHH alegan en la Corte Suprema este jueves, en representación de comunidades y personas afectadas por la crisis sanitaria y ambiental que tuvo lugar en Quintero y Puchuncaví durante la primavera pasada.
Por Equipo de Comunicaciones de la Defensoría Ambiental
Hoy comenzaron los alegatos de los recursos de protección presentados a propósito de los envenenamientos masivos y la crisis ambiental y sanitaria en Quintero y Puchuncaví. Con más de 1.700 personas envenenadas con gases tóxicos durante un periodo de aproximadamente dos meses (a partir del 21 de agosto de 2018), de los que más de 1.200, se trataba de niñas, niños y adolescentes, aún no hay claridad sobre cuáles son estos gases tóxicos ni desde dónde fueron emitidos.
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¿Qué debería pasar en Chile para terminar con la desmedida emanación de gases tóxicos que está enfermando y matando a las poblaciones de Quintero y Puchuncaví desde hace 30 años? Terminar con las emanaciones significaría pérdidas millonarias para el país y algunos empresarios, pero también garantizaría la salud de los pueblerinos.
A través de una declaración, las organizaciones territoriales de las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero- Puchuncaví y Coronel, más las organizaciones no gubernamentales participantes en el Encuentro “Cierre de termoeléctricas a carbón en Chile: Desafíos para los territorios y prioridades de incidencia en políticas públicas” anunciaron su voluntad de aunar esfuerzos para lograr en el corto plazo el urgente cierre de las centrales termoeléctricas a carbón y término de las Zonas de Sacrificio.
