Este miércoles 13 de febrero, la Defensoría Ambiental, las Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y el Colegio Médico de Valparaíso expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de vulneración de derechos humanos en las “zonas de sacrificio” ambiental. El Estado de Chile también presentó su posición al respecto.

Por Camille Huriaux Quesada

La situación llegó a la CIDH en el marco de su 171 Período de Sesiones, que se realiza del 7 al 16 de febrero en Sucre, Bolivia. En total, son 25 audiencias públicas donde varias organizaciones de la sociedad civil presentan un caso donde el estado de los derechos humanos se ve perjudicado, en distintos países de la región. En lo que concierne Chile, la ONG Defensoría Ambiental presentó la situación de riesgo inminente a la cual está expuesta toda la población de dichas “zonas de sacrificio”, particularmente en términos de salud. Ese alegato se transmitió en vivo en la página de la CIDH y en el Twitter de la Defensoría.

Fue una delegación conformada exclusivamete por mujeres que expuso la situación: Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental, Juanita Fernández, en representación del Colegio Médico y Katta Alonso, presidenta de la agrupación “Mujeres en zonas de sacrificio en resistencia” y habitante de la localidad de Ventanas, Puchuncaví. Denunciaron las consecuencias de la actividad industrial sobre el derecho a la salud en Chile, la aprobación desmedida de industrias contaminantes (las cuales no hacen cargo de sus externalidades negativas), la excasa e insuficiente fiscalización por parte del Estado y en definitiva, la extrema injusticia ambiental que tiene lugar en esos territorios. Alejandra Donoso señaló, por otra parte, que es “sintomático de lo que ha estado ocurriendo en Chile y en la región”.

Luego se le dio la palabra al Estado de Chile, representado por el jefe de gabinete del subsecretario del Ministerio del Medioambiente, la jefa de la División de políticas públicas del Ministerio de Salud, además de un representante de la Cancillería. Si bien pudieron manifestar cuáles son las preocupaciones y las medidas que ha tomado el Estado en ese ámbito, la CIDH consideró que Chile ha actuado de manera “pasiva” respecto a las vulneraciones de Derechos Humanos que tienen lugar en aquellas zonas de sacrificio. Esta posición fue apoyada por la Alta Comisionada de la Oficina regional de las Naciones Unidas, quien añadió que el Estado chileno aún no ratifica el Convenio de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, firmado por 14 países en septiembre del 2018.

Este alegato puede llevar a la CIDH a solicitar informaciones adicionales al Estado de Chile, dar seguimiento a esta situación e incluso hacer recomendaciones sobre las medidas a tomar para resguardar el medioambiente y respetar los derechos de sus habitantes. Recordemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había reconocido desde 2014 que, al menos, cinco comunas sufrían las consecuencias de su exposición a sustancias químicas, tal como Puchuncaví y Quintero, en la región de Valparaíso. Por lo tanto, el derecho a vivir en un medio ambiente sano de las poblaciones que residen en aquellas zonas no está respetado, lo que tiene como consecuencia la vulneración de otros derechos fundamentales, en particular el derecho a la salud.

Material Adjunto

– Imágenes Twitter CIDH: https://twitter.com/CIDH/status/1095714746987352070?s=19

– Calendario de audiencias públicas disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/002A.pdf